Hay quien piensa que el truco
está en el nombre: "preferentes". Y es que, ¿cómo resistirse? Algo “preferente”
no puede ser malo, pues el mismo nombre le otorga una cierta distinción, un
carácter de prevalencia y superioridad jerárquica del resto, en definitiva, lo
opuesto a la mediocridad.
Las participaciones
preferentes son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al
inversor, ofrece una rentabilidad supeditada
a la obtención de beneficios y cuya duración es indefinida. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) las define como valores cuya rentabilidad es variable y no
garantizada, por lo que son instrumentos complejos y de riesgo elevado. Los
inversores de estos productos complejos son los últimos en cobrar en caso de
quiebra de la entidad, sólo antes de los accionistas.
Los bancos que utilizando medias
verdades (en el mejor de los casos), y en el peor, abusando descaradamente
de la confianza de sus clientes, se han comportado como auténticos
profesionales del tocomocho, cambiándoles a cientos de miles de personas
que confiaban en ellos las estampitas de las participaciones preferentes
por sus ahorros de toda la vida. El
desconcierto aumenta además, cuando te das cuenta de que la única manera de
conseguir que el banco de marcha atrás en ese contrato maligno que te ha
suscrito es que venda tus preferentes a otro incauto que vuelve a confiar en su
director de sucursal porque es el de toda la vida, el que te va a aconsejar
bien, y del que puedes fiarte con plena tranquilidad.
Es decir, se depositan los
ahorros en un activo, a cambio de una
supuesto interés (un 3 o 4%). Este depósito se realiza perpetuamente, sin
posibilidad para el cliente de amortización; sin garantía de rentabilidad y sin
la garantía de mínimos del sistema financiero español. Podría entenderse que
esto se asemeja más a un préstamo al Banco, ya que les ha permitido, a través
de estos instrumentos derivados, o activos tóxicos financiarse. Un préstamo desmedido
por el que ni siquiera se garantiza el pago de un interés y no hay garantía de
devolución del capital, ni hay, cuidado, obligación legal de hacerlo.
Prácticamente todos los
bancos y cajas de ahorros españolas han
comercializado estos valores. Siendo el perfil del cliente medio español que ha
comprado participaciones preferentes, generalmente el de un jubilado que, con los ahorros de toda su vida, buscaba una rentabilidad para una mejor vejez,
constituyendo, sin duda, razón de peso para considerar que estamos ante un
escándalo mayúsculo.
La mayoría de los afectados,
desconocían lo que contrataban. Nada más y nada menos que un depósito a
perpetuidad de dudosa legalidad e incierta regulación. Generalmente, el capital es irrecuperable a voluntad del cliente.
Únicamente, se puede rescatar si la entidad financiera lo autoriza o lo
desea. Tampoco se garantiza el capital, que se puede perder; ni el interés (las
participaciones preferentes pueden llegar a no dar rentabilidad), no está
garantizado por el Fondo de compensación, y en la jerarquía de créditos (ahí va
la paradoja): la participación preferente está por detrás de todos.
Todas estas circunstancias y condiciones, que los vendedores del sector financiero conocían, estaban
incluidas en casi todos los casos en el clausulado; en la letra pequeña
que los incautos y confiados clientes, pequeños ahorradores, firmaban sin
leerlo. Estamos ante una estafa ya que, la (y permítanme la expresión) “basura
financiera” vendida a cientos de miles de españoles, se vendió haciendo uso de
la confianza. Quien adquirió estos productos lo hizo (sin lugar a dudas) porque
se lo vendió el empleado o el director de sucursal al que conocía de toda la
vida y en quien confiaba. Esa cara amable y honrada que convierte la estafa en
especialmente maliciosa, perversa. Evidentemente coincidirán conmigo en que nadie
en su sano juicio, y con conocimiento de ello, adquiriría un producto en
el que se depositan los ahorros de toda la vida perpetuamente; puesto que nadie
arriesga su futuro en una operación en la que, insisto, nada está garantizado.
Prácticamente en la totalidad de los casos se
mantiene una constante: el engaño en cuanto a la disposición del dinero. Se
dijo que el capital se podía disponer en cualquier momento y se firmó exactamente
lo contrario. No se informó que era un producto derivado, que cotizaba en el
mercado secundario, y que llevaba inherente la aceptación de un enorme riesgo
financiero.
Estamos ante un escándalo
mayúsculo, una estafa monumental, de una magnitud económica enorme y que como
es habitual silenciada y omitida selectivamente por los políticos.
El escándalo se ha destapado
cuando algunos de los clientes que han necesitado su dinero (ese del que podían
disponer en cualquier momento), han visto que no podían hacerlo, siendo
informados, entonces, de que eran víctimas de semejante estafa.
Las soluciones que las entidades
están ofreciendo son de distintos tipos. Algunas tan insultantes que sólo
merecen el mayor de los desprecios, como ofrecer un préstamo por el mismo
importe que se depositó a un bajo interés (por supuesto con la obligación de
devolver el capital y el interés). Otras entidades ofrecen
convertir las preferentes en obligaciones subordinadas y en obligaciones
convertibles (acciones). Algunas entidades han ofrecido recuperar en un año un
30% en acciones y el 70% en acciones u obligaciones que se harán liquidas
dentro de 10 años. Todo ello sin garantizar, la recuperación del capital y con
el agravante de que a las entidades bancarias les beneficia esta conversión
para cumplir los acuerdos de Basilea. Otras entidades han propuesto la
realización de arbitrajes, que han devuelto el dinero a clientes con pequeñas cantidades, pero no tan favorables para el resto, con la agravante añadida de la consiguiente renuncia a la vía judicial.
La opción que parece más
factible, la que siempre queda: la vía judicial. En Valencia, comienzan a dictarse
sentencias (los siete casos más sangrantes de las preferentes) estimatorias,
que obligan a las entidades a devolver el dinero a los clientes. Un horizonte esperanzador, pese a que, claro está, la particularidad de los juicios dependerá de las circunstancias personales de cada uno.
En cualquier caso, si se han visto afectado por esta estafa de las preferentes, no
deben quedarse indiferentes. Han sido estafados y merecen una solución que
permita recuperar los ahorros.
