Hablemos de corrupción.

           La corrupción política, desgraciadamente habitual, es esa práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos, de aquellas personas que desempeñan un cargo público, en provecho (propio y/o ajeno), adulterando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanos. Todos conocemos casos, así, algunos de los más conocidos serían:

-   "Caso Hormaechea": en el que el TSJ de Cantabria condenó a Hormaechea y a tres de sus consejeros al considerar probado que había desviado 2.959.132 pesetas (17.785 euros) para emitir anuncios en prensa y radio en 1989 en los que se descalificaba a sus adversarios políticos.

-   "Caso Pallerols": trama que dispuso ilícitamente de fondos públicos para destinarlos a la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

-   "Caso Malaya": entramado de asociaciones que oculta muchas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias...) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella (Julián Muñoz), importantes empresarios y abogados.

-   "Caso Gürtel": en la Comunidad Valenciana, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción, ha costado el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; al tesorero del PP, Luis Bárcenas y provocó la dimisión, entre otros, del President Francesc Camps.

-   "Caso de los EREs falsos": es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen del escándalo está en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

-   "Caso Dívar": Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del TS desde septiembre de 2008 hasta junio de 2012, momento en que presentó su dimisión al destaparse un escándalo de pretendida malversación de caudales públicos a raíz de una serie de viajes (unos treinta) que realizó a la Costa del Sol, no justificados y pagados con dinero público.

-   "Caso Pretoria": pelotazo urbanístico entre 2002 y 2009, en el que, partiendo de un planeamiento urbanístico, se adjudicaba una obra a una determinada empresa, esta obra cambia de adjudicataria, se recalificaba el terreno en beneficio de esta empresa y en perjuicio de los intereses municipales, y se vende a un precio muy superior al constructor que finalmente realiza la obra.    

-   "Caso Brugal": delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante (España).

                   

            Estos son sólo unos ejemplos. Sinceramente, es difícil hablar de corrupción sin caer en el “y tú más”, propio de las personas pertenecientes a los partidos políticos. La corrupción es igualmente despreciable, AFECTE AL PARTIDO QUE AFECTE. Necesitamos gente HONRADA, HONESTA y DISPUESTA a servir al conjunto de los ciudadanos. Todos tienen su sueldo (algunos superan sólo en dietas lo que muchos de nosotros no cobraremos en meses) y lo único que tienen que hacer es desempeñar sus funciones (para las que, recuerdo, se presentaron voluntariamente). ¿Es mucho pedir? No creo, primero porque el dinero público es de todos. Segundo porque ellos mismos establecen sus sueldos y tercero porque traicionan la confianza que las personas depositamos en ellos para el desempeño de sus funciones.

            YA ESTÁ BIEN de mirar a otro lado, de “auto-justificarse” diciendo “que los del otro partido han hecho más, o peor”. El corrupto a la cárcel. Sea del partido que sea. Y que deje su lugar a la gente honrada para los cargos públicos. ES EL MÍNIMO EXIGIBLE. Si los dirigentes de un partido NOS ROBAN ¿por qué tolerarles que sigan haciéndolo? Debemos exigirles que se aparten, que devuelvan lo que nos han robado, que paguen por ello, y que dejen su puesto a las personas de su partido que no vayan a hacerlo.
        Otra opción es seguir consintiéndoles con nuestro voto. Aunque probablemente esta última no solucionará nada.  

Hablemos de sanidad.

Alberto Fabra: "La Sanidad seguirá siendo pública, universal, gratuita y de calidad. Bajo esos parámetros, seguiremos trabajando para que sea más eficaz." 27 de diciembre de 2012 

   La sanidad pública, universal y de calidad es pilar básico del Estado del Bienestar (que para el que no lo sepa es el conjunto de servicios o garantías que, por su consideración de esenciales, el Estado provee a la totalidad de los ciudadanos). No entraré en discusiones políticas o ideológicas respecto de que debe o no debe abarcar nuestro Estado del Bienestar, más allá de decir lo que todos sabemos: es un pilar fundamental de nuestro ordenamiento.

   Hablar de la sanidad pública conlleva, inevitablemente una alusión a la sanidad privada. NO es mi intención compararlas, ni supervalorar una en detrimento de la otra. Ambas existen, han sido y son compatibles. Zanjo ahora la cuestión con estas palabras: la sanidad pública no conlleva un menosprecio de la privada. Al contrario. Es magnífico que, quién pueda, se beneficie de la sanidad privada (y sus muchas ventajas por todos conocidos: agilidad de espera e intervenciones…). Pero, para los que no pueden (o mejor, podemos), la única alternativa que existe es la sanidad pública.

 
   Vivimos tiempos difíciles: políticas de recortes. Las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están aplicando los justifican con los argumentos de que tienen que efectuarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona). Aún a riesgo de que parezca asombroso, tal afirmación es errónea y, poco creíble. Un cómputo de la magnitud que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con estos recortes nos lleva a una cifra que ronda los 6.000 millones de euros. Pero tal disminución del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el incremento de impuestos que afectan principalmente a las rentas superiores, como el impuesto de patrimonio, manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones; y el impuesto de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos.

   El hecho de que estas alternativas (la subida de impuestos) hubieran recaído en sectores de la población (las clases acomodadas), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población.

   Los recortes en la sanidad NUNCA van a mejorar su funcionamiento, (sería como pensar que por quitar albañiles de una construcción, la casa va a construirse con mejor calidad). Si quitamos albañiles, la casa tardará más en acabarse. Si mejoramos las técnicas de construcción, la cualificación del personal o los materiales, la casa será de mejor calidad. Llamemos a las cosas por su nombre. BASTA YA de mentiras, y demagogias partidistas. Los recortes nunca mejorarán el funcionamiento o la eficiencia de la administración sanitaria porque no existe una relación de causalidad entre recorte-eficiencia, por mucho que la señora Ana Mato insista en que se hacen “para garantizar la sanidad pública y universal”.

Yo me limito a contarlo. Siguen siendo libres, de pensar lo contrario.